Alarmante riesgo para los menores en RD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. En Europa, EE.UU y Canadá, un 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. “Si fueran las víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia”, afirma Vicki Bernadet, fundadora de la Fundación Vicki Bernadet contra el abuso sexual infantil. Pero la realidad es muy distinta: “El abuso sexual infantil no está en la agenda política ni social”.

Según reportaje publicado en enero 2020 por Ramón Cruz Benzán, Santo Domingo, RD, en el Listin Diario, durante el año 2019, las distintas fiscalías del país registraron 2,999 casos de violación sexual a menores de edad, cometidos incluso por padres y padrastros, así como abuso físico y abuso psicológico, una problemática que se incrementa en el país.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, los casos en su mayoría están siendo judicializados en los tribunales del país. Conforme a la estadística, se registraron 643 casos de abuso sexual a menores de edad, 1,375 casos de abuso físico a menores y 981 de abuso psicológico a menores de edad.

Conforme a la Ley 136-03, que instituye el Sistema de Protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual es la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto, o persona 5 años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico.

Mientras que el abuso físico es cualquier daño físico que reciba el niño, niña o adolescente, de forma no accidental y en que la persona que le ocasione esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o poder.

En tanto que el abuso psicológico es cuando un adulto ataca de manera sistemática el desarrollo personal del niño, niña o adolescente y su competencia social.

El artículo 12 de esa ley o Código del Menor contempla el derecho a la integridad personal, estableciendo que “comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”.

A propósito de las violaciones y maltrato a los menores y todos los riesgos que se vienen ocultando durante años entorno al tema, nos muestra primero la irresponsabilidad de los adultos de cada familia, segundo de las autoridades públicas que se les paga y están obligados por ley y Constitución, y por último, no menos responsables, los medios de comunicación y demás sectores organizados junto a toda la sociedad.

Estudios de organismos nacionales e internacionales nos revelan que República Dominicana es uno de los países con mayor vulnerabilidad de los pequeños en todos los espacios de convivencia, y recientemente certifican que el 90% de los dominicanos han sido abusados físicamente, psicológicamente, emocional o sexualmente durante su niñez por lo menos una vez.

Con una tragedia tan desconcertante nos obliga a preguntar:¿Hasta cuándo seguirán estos abusos contra nuestros menores impunes y sin prevención? ¿ De qué nos sirve la Constitución en su Artículo 56 que obliga la protección de las personas menores de edad. Y la Ley No. 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.?

El deterioro social que hoy amenaza la paz colectiva y la vida civilizada en contexto de un “Estado Democrático de Derecho” y de salud espiritual, emocional y física; principalmente, se desprende del desorden institucional, la corrupción, la impunidad y anomia imperante en el país.

La vulnerabilidad que viven nuestros pequeños me ha llevado a descubrir una situación que al parecer han dejado o no han querido abordar los profesionales expertos relacionados al tema, quienes deberían despertar conciencia a causa de la alta tasa de subordinados, (niños, niñas y adolescentes; mujeres y hombres estos dos últimos en el trabajo), el Bullying (acoso u hostigamiento escolar), maltrato físico, psicológico, explotación infantil; abusados y acosados sexualmente o moralmente en las diferentes empresas, en los parques y en las calles; instituciones públicas, centros comunales, deportivos, iglesias, centros educativos, hogares, etc.

Además, dicha problemática se debe a que la mayoría de hogares de la República Dominicana tienen escasa educación sexual y no hay una debida privacidad en las intimidades sexuales de los padres o las parejas, ya que, una mayoría duermen y comparten una sola habitación, dejando a vista de todos los ocupantes, las intimidades, en hogares con edificaciones precarias e inadecuadas para la vida sana. Lo que ha provocado la falta de principios y valores morales por parte de la gran mayoría de hombres, los cuales se convierten en degenerados, pervertidos, acosadores y violadores sin ningún respeto a la mujer, al resto que integran la familia y a la intimidad de la vida sexual de los demás.

Es apremiante profundizar las investigaciones por parte de expertos con relación a esta debacle social y crear conciencia al respecto. Además, promover políticas públicas, alianza para la Infancia y la protección contra el acoso sexual y moral. La responsabilidad de padres, maestros, funcionarios de la educación y de la salud pública en estos temas es obligatoria y no es correcto delegarla, pues el futuro de cada niño depende de ello, y por consecuencia el futuro de la sociedad y del Estado.

Esta situación debe de preocupar a los padres para poner mayor atención en ayudar a organizar y establecer horarios adecuados que permitan prevenir y corregir estas malas prácticas en perjuicio de los menores.

Hemos logrado percatarnos de la ausencia de políticas públicas que protejan y salvaguarden la salud física, mental y emocional de niños, niñas y adolescentes, segmento más vulnerable del conglomerado social; además de una gran debilidad y desacierto o descuido en nuestro sistema de justicia frente a la niñez y su entorno familiar.

Parte del requerimiento de la seguridad social de los países avanzados es hacerse cada estudiante un examen médico dos veces por año de los oídos y de los ojos antes de cada período escolar. El Ministerio de Salud Pública y de Educación deben integrarse como parte de los programas de prevención y ponerlo en práctica en el país ya que cualquier problema auditivo o de la vista dificultará el aprendizaje a los estudiantes.

No sé hasta cuánto recae responsabilidad a los jueces directa o indirectamente en este tema, independientemente de lo que compete a los gobiernos que manejan los presupuestos y recursos en general que debieran llegar a cada unidad de impartir justicia y demás poderes del Estado dominicano. Ambos poderes, el judicial y el congresual que por otro lado les corresponde establecer políticas, normas y diferentes medidas para eficientizar el sistema de justicia para la prevención, manejo y resolución de conflictos familiares, así como la salvaguarda de los principios de familias sanas.

No entiendo por qué es tan difícil establecer o dictaminar una medida cautelar para la protección o salvaguarda de un menor que es más vulnerable que una mujer, sin embargo, en cuanto al maltrato a las mujeres o violencia de género hay más conciencia a pesar las altas cifras de víctimas. De igual manera, hemos percibido cierta incapacidad o deficiencias en el personal técnico que apoya y asesora en los trabajos sociales de visitas para evaluar los ambientes de los hogares. Por otra parte, faltan especialistas de la conducta y de las enfermedades mentales.