DEFENSA POLITICA O DEFENSA PENAL

Por Santiago Rafael Caba Abreu

Según el gran filósofo Griego, Aristóteles, cuyas ideas han trascendido los grandes episodios de la historia humana, “la investigación sobre la ética desemboca en la política, da a entender que la política es una forma de mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas”.

Empiezo así este humilde y atrevido juicio, porque a raíz de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público especializado en la persecución de la corrupción administrativa en la Republica Dominicana, cuyos principales sospechosos provienen del último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, se han venido suscitando eventos de defensa relacionada o proveniente de la dirigencia de ese partido. Quiere decir que, estamos frente a una defensa política de los sujetos de dicha investigación y no de una defensa técnica sustentada en los argumentos profesionales de los expertos en derecho penal, cuya labor es brindar a las personas asesoría jurídica para ejercer su defensa al enfrentar un proceso judicial de índole penal.

Es preciso recordar que, el Estado dominicano tiene como función esencial la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Todo esto dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, conforme el artículo 8 de la Constitución.

Así pues, nuestra norma sustantiva prevé que “el acceso a la Justicia se constituye como una garantía que permite que los ciudadanos puedan lograr la defensa y respeto a sus derechos fundamentales, lo cual en términos materiales sería imposible conseguir, entre otros elementos, si no es por medio de un abogado, para el agotamiento de las prerrogativas y facultades que la ley dispone en favor del titular del derecho”. Ya se ha dicho, para lograr un verdadero acceso a la Justicia es necesaria la presencia de un abogado.

Es obvio que, si partimos de esas obligaciones constitucionales, hemos de colegir que, todo individuo investigado o acusado de un ilícito penal tiene plenas garantías de poder acceder a la justicia a través de un profesional del derecho que les garantice una defensa de calidad. Obviamente, para el caso que hacemos referencia, todos los encartados en las investigaciones y acusaciones hecha por el órgano encargado de la persecución de la corrupción administrativa que cursan actualmente en la Republica Dominicana, han podido ejercer ese derecho fundamental, y por tanto están eficazmente en condiciones de vigilar el debido proceso en cada caso, pudiendo disponer de las imputaciones que se les hace, respecto de la formulación precisa de cargos, la individualización de los hechos, el acceso a las pruebas de cargo y disponer de las pruebas a descargo, dentro de un plazo razonable y ante su juez natural.

Ahora bien, ¿necesitan los ciudadanos sujetos a los procesos penales seguidos en su contra, ejercer una defensa política del Partido al cual pertenecen o la asistencia de un técnico jurídico que le asesore y garantice la vigencia de los derechos ya referidos?

En mi humilde modo de ver las cosas, pienso que la defensa política pudiese convertirse en un flaco servicio a la defensa penal, toda vez que son acciones distintas que no colidan de manera positiva en el mismo escenario.

Víctor Lapuente, Doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford y catedrático en la Universidad de Gotemburgo, autor del libro Organizando el Leviatán y Decálogo del buen ciudadano, que “Los políticos no ponen líneas rojas, pero levantan muros a los del otro bando”.

Significa entonces, que los abogados recluidos en el Comité Político del partido gobernante hasta el 2020, liderado o presidido por el expresidente Danilo Medina, a quien se le cuestiona por haber sido benigno, permisivo o cómplice de los actos de corrupción que hoy se persiguen penalmente, deberían abstenerse de ocupar el escenario que corresponde a los expertos en litigación ante los tribunales penales de la Republica Dominicana, puesto que los hechos imputados constituyen acusaciones que requieren de una defensa técnica, no política.

La Política es la principal fuente donde se generan las doctrinas y se fomentan las distintas ideas en las se crea un proyecto de Estado. Por ello, Aristóteles concibe la Constitución Ateniense para que a partir de ella surgieran una serie de constituciones que, según él, “refleja tanto la realidad legislativa de la gran ciudad estado y el contexto en que esta se fue plasmando a lo largo de la historia, como los principales momentos de la misma en lo que se refiere a distintas innovaciones de tipo político-administrativas”.

Entonces, la política es para que los políticos creen espacios de discusión respecto a las ideas que tengan sobre los temas donde enarbolan un proyecto de estado, no para incursionar en los terrenos que ya el propio estado ha construido para que, como parte esencial de él, dirima los conflictos entre el individuo y la sociedad. Lo que el Filósofo quiso decir, cuando aborda el tema de la Política, es que ésta no es para estudiar los estados ideales en forma abstracta, sino para someter a un examen en función de que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan con la realidad.

¿Cuál es la realidad política actualmente?, pues pienso que lo que se ve es que el PLD, como partido que ejerció el poder del Estado y que resultó derrotado en la recién pasada elección popular de la Republica Dominicana, debe luchar políticamente pare reponerse de los cuestionamientos de corrupción durante su gestión. Ahora bien, no creo que, como consecuencia de ese afán político, deba asumir la defensa de las responsabilidades penales de aquellos ex funcionarios de su partido que están siendo imputados del ilícito penal de la corrupción, puesto que esas responsabilidades son personales, en tanto que, las acciones que ejerce el órgano percutor de la Corrupción se circunscriben a los hechos individuales de cada persona, y no al colectivo de esa organización política.

En conclusión, entiendo humildemente que, la defensa política para pretender reivindicar la credibilidad ética de la teoría ideológica de Estado que el Partido de la Liberación Dominicana ha enarbolado históricamente, no es estratégicamente correcta. Esto puede confundirse con una defensa penal en favor de los imputados de haber cometido actos de corrupción en su gobierno. No se trata de una persecución política, sino de una persecución jurídico penal, cuya defensa debería dejarse en manos de los técnicos en el arte de la litigación penal para que hagan prevalecer el derecho y se imponga la verdad frente a la justicia.

El culpable condenado y el inocente absuelto, conforme las normas del debido proceso instaurado en un régimen democrático, social y de derecho.

El Estado de derecho garantiza el control judicial de conformidad con el derecho de todos los actos estatales, lo cual se aplica a las leyes y demás actos estatales de similar rango, y que culmina cuando el sistema mismo garantiza el imperio de una justicia constitucional, mediante un control estricto de ésta, que ejerce un órgano superior o extra poder creado por la propia constitución dominicana (Tribunal Constitucional). Lo único es que hay que dejar que fluya el proceso y avance hasta su último peldaño, a fin de comprobar el cumplimiento de cada etapa procesal.

En efecto, originalmente la Constitución fue concebida como una ley fundamental que limitaba a los órganos del Estado y proclamaba los derechos fundamentales de los individuos, producto de un consenso político logrado por el pueblo mismo, y por lo tanto, directamente aplicable por los tribunales. Entonces es ante estos que se debe realizar toda defensa frente a una imputación como la que nos ocupa.