EL PODER JUDICIAL Y EL EFECTO VINCULANTE DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL»

Lic. Romeo Trujillo

Las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y TODOS los órganos del Estado; es decir, que las decisiones de este tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante «erga omnes» (Ver arts. 184 de la Constitución y 31 de la Ley 137-11).

Es tanto el carácter definitivo e irrevocable de las decisiones del TC, que las mismas no son recurribles ante ninguna jurisdicción o tribunal de carácter interno; es decir, que ni siquiera pueden ser revisadas por el propio tribunal constitucional, salvo en caso de errores puramente materiales (TC/0521/16 y TC/0722/16). (ver artículo de mi autoría sobre si son recurribles las decisiones del tribunal constitucional).

Con respecto a los tribunales que integran el Poder judicial, si bien es cierto que estos tienen dentro de sus funciones la protección de los derechos fundamentales, la última interpretación de estos es una atribución exclusiva del Tribunal Constitucional, es decir, que dentro de las funciones del TC está garantizar los derechos fundamentales en el ejercicio de sus funciones que realizan los tribunales jurisdiccionales, es por ello, que el cumplimiento de un mandato dispuesto en un precedente del TC, no está sujeto a interpretación por NINGÚN tribunal u órgano del Estado (ver TC/0271/18).

Las decisiones del TC no solo son vinculantes por el mandato expreso de la Constitución, sino porque el propio constituyente en el citado artículo 184 de la Norma Suprema atribuyó al órgano de justicia constitucional especializada la prerrogativa de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales como tribunal de cierre en el sistema de justicia constitucional.

En definitiva, podemos concluir, que resultaría innegable que sí un mandato constitucional pudiera ser eludido por los poderes públicos y los órganos del Estado a los que va dirigido su acatamiento, bajo argumento contrario a la realidad procesal incontrovertible establecida por el órgano habilitado para ello, entonces la supremacía no residiría en la Constitución, sino en sus destinatarios, produciendo el quiebre del sistema de justicia constitucional.